El reciente fallo judicial que aplaude y ratifica la sanción empresarial de despido impuesto a un delegado sindical grancanario, motiva escalofríos. Según la sentencia condenatoria del TSJC, denominar “delincuente” a quien realmente lo ha sido tras sentencia firme también judicial, resulta un hecho punible que merece el castigo sumarísimo de despido laboral. Así, el empresario, convicto por grave atentado medioambiental, y luego, inculpado por un fraude al Estado de 21 millones de euros, le es reparado ahora el “honor” mediante una extravagante sentencia de la judicatura. Ramírez,  que así se llama esta perla empresarial, compatibiliza su pasatiempo preferido de pisotear los derechos constitucionales de los trabajadores con su otro hobby de entablar repugnantes y amistosas tertulias con algunas señorías grancanarias con las que, según afirma, guarda estrecha e íntima relación. Este nuevo capítulo judicial en forma de despido laboral, se suma al siniestro vodevil de un mismo empresario delincuente que es a la vez agraciado desde la administración pública, incluido el ministerio de Justicia, con la adjudicación de millonarios contratos para su empresa de seguridad. Visto lo visto, se confirma  la cruzada sin cuartel emprendida por un sector de la judicatura contra honrados sindicalistas y ciudadanos de bien. Entre ellos, se encuentran también las seis sindicalistas de Intersindical Canaria, procesadas por la jueza Rosell, luego condenadas por manifestarse con una pancarta.