Tomando como obligada referencia a los 8 mártires de Chicago, ejecutados en el año 1886 por su participación en una huelga iniciada precisamente un 1º de Mayo; también en Canarias, necesariamente, tenemos que resaltar y homenajear en el Día del Trabajador a nuestros mártires, aquellos caídos en la larga lucha por la emancipación y dignificación de la clase trabajadora. Secundino Delgado (emigrante y revolucionario nacionalista, fallecido de tuberculosis tras ser encarcelado), Juan García “Corredera”, asesinado a garrote vil por el fascismo, Antonio González Ramos (obrero comunista aniquilado en una comisaría), Javier Fernández Quesada (estudiante ametrallado por la guardia civil durante una huelga general), o Belén María Ojeda (menor aplastada por un vehículo durante una protesta portuaria) son, en diferente grado y circunstancias, también heroicos mártires caídos en defensa nuestra clase trabajadora y en la reivindicación de libertad para el País Canario.

Hoy, la lucha continúa, pero lo hacemos en unas condiciones adversas en las que se nos impide no solo avanzar en la suma de nuevos derechos laborales, sino que arrecia la presión empresarial y gubernamental para perder aquellos otros ya reconocidos. Es así como la denominada “crisis” se ha traducido en un pretexto para incrementar un proceso de pérdida de atributos laborales y sociales que, incluso, pretende socavar libertades básicas como los derechos de opinión, reunión o ma nifestación. Un negro proceso este de derribo del estado de bienestar, que incluye la guerra sucia contra las propias organizaciones de los trabajadores, pretendiendo debilitarles, desacreditarles, amordazar su voz y mancillando el principio constitucional de la libertad y la acción sindical.

En ese sombrío panorama, en Canarias, además, los hechos dibujan una fotografía social que tiene a los trabajadores y a los sectores populares como diana de la doble agresión provenientes tanto del ejecutivo español como del canario. Y lo hacen confabulados desde diferentes escenarios para hacer de nuestra clase trabajadora los peores damnificados, teniendo que soportar las condiciones laborales más paupérrimas, comparativamente con las existentes en España y el conjunto europeo.

Sobre los trabajadores canarios recae el impacto de la menor inversión del Estado por habitante, extrayéndose de nuestras islas tres veces más de lo que el Gobierno y la hacienda española reconocen. Ello va acompañado de un injustísimo reparto de la riqueza que, mientras empobrece a la clase trabajadora, multiplica el patrimonio de empresariado de las islas sin crear empleo alguno e institucionalizando los salarios de miseria.

También el gobierno canario, actuando como medianero del amo en la imposición de las injusticias sociales, desprecia y obstaculiza cualquier avance social para los trabajadores, asumiendo como hecho normal que los indicadores de desempleo, salarios, trabajo precario, pensiones, etc., coloque a los canarios como segregados sociales dentro de la pretendida y postiza condición de “españoles”. Los servicios al ciudadano como la sanidad, educación y servicios sociales, continúa su proceso descendente en calidad e inversión. La tercera edad y los dependientes canarios, ocupan también el vagón de cola del Estado en protección gubernamental.

La corrupción, la evasión de capitales, el enriquecimiento fácil, el saneamiento de la banca con dinero público para compensar el robo desarrollado por sus directivos, hacen más infame e intolerable la actual campaña de recortes sociales y laborales promovidos por la troika internacional y respaldada por la derecha española del PP y el PSOE y sus cómplices del Gobierno canario.

Intersindical Canaria en este Primero de Mayo, renueva su compromiso para continuar trabajando contra todas esas injusticias sociales y las seculares relaciones coloniales que España nos impone. Y lo hacemos por un reparto igualitario de la riqueza que acabe con las actuales injusticias sociales. Para avanzar hacia la consecución de un gobierno verdaderamente popular que impulse una Nación Canaria con derecho a decidir. Para dotarnos, de una hacienda propia que controle el reparto y salida de capital del Archipiélago. Para conferirnos una legislación laboral específica que impida la dura discriminación que en todos los sentidos sufrimos y que regule la residencia en las Islas. Para promocionar y defender nuestra cultura e identidad nacional. En definitiva para hacer de la Nación Canarias un territorio en el que los trabajadores y sus clases populares labren su progreso hacia un futuro socialista y en libertad.