Haciendo un análisis de los datos recientemente publicados por la Consejería de Sanidad de los últimos seis meses de su andadura, estamos en disposición de afirmar que nada parece haber cambiado en cuánto a los datos reflejados en etapas anteriores en las que la consejería de sanidad era timoneada de manos de CC, al frente de Doña Brígida Mendoza, e incluso bajo el control del PP con Mercedes Roldós

Atrás quedaron las promesas electorales en cuánto a las apuestas que este Gobierno hacía en potenciar la sanidad pública, lo cual se evidencia hoy con los datos recién publicados de las listas de espera en los hospitales públicos canarios.

Si bien la Administración se vanagloria de una leve reducción en las listas de espera de pruebas complementarias, basta con detenerse en la valoración de dichos datos para entender que se trata de una afirmación muy relativa, sirva de ejemplo el número de personas esperando por la realización de una ecografía simple en el Hospital Universitario de Canarias que no sólo ha aumentado en los últimos seis meses, sino que supone sean más de 14.000 personas a la espera en dicho hospital de un total de las 18.000 a la espera en el conjunto de Canarias.

Nada es casual, y es que el estado en el que se encuentran las listas de espera sanitarias está directamente relacionado con los recursos humanos y materiales disponibles, siendo un ejemplo de ello el relatado anteriormente.

A todo ello, hay que añadir que las listas de espera quirúrgicas así como los tiempos medios de demora en los últimos meses han aumentado, y es que no puede ser de otra manera si no se rompe con las políticas del mantenido y perpetuo recorte presupuestario aplicado por los distintos Gobiernos a la Sanidad pública año tras año.

Desde la Federación de Salud de IC, estamos convencidos de que de nada servirá el publicitarlos datos de las listas de espera mensualmente, si no se aplican medidas que reviertan la actual infradotación de plantillas en los servicios sanitarios públicos, si no se aplican medidas que potencien las infraestructuras y servicios públicos frente a los concertados y la actividad sanitaria privada, y en definitiva si no existe la voluntad real de abordar el problema de la gestión y presupuesto de los recursos sanitarios públicos.