Tal como esperábamos, se confirman nuestros presagios, y es que las promesas de mejora del sector sanitario anunciado por el grupo de coalición canaria una vez tomaron posesión en la consejería de sanidad, han quedado en papel mojado. Con ésta maniobra, han pretendido paralizar cualquier tipo de acción o movilización en defensa del sistema sanitario público, así como han intentado silenciar las voces que llevan desde hace tiempo planteando la necesidad existente de inversión de los recursos necesarios para acabar entre otras cuestiones con las interminables lista de espera a las que se somete a la población así como aliviar la sobrecarga laboral de nuestros profesionales.
Las reuniones mantenidas hasta el momento con la administración sanitaria para la negociación de las mejoras prometidas por el actual consejero, han sido inexistentes, incumpliendo con el cronograma de reuniones que se fijó cuando se anunció tal compromiso.
En declaraciones recientes de la actual dirección del SCS, se lanzan prometedores mensajes en los que se anuncian medidas de estabilidad laboral para el sector, con una OPE extraordinaria para el 2018 en la que se habla de unas 8.000 plazas , lo cual se desmonta fácilmente con el hecho, de que aún la oferta de empleo público correspondiente al año 2017 siga en pie, y que ni siquiera hayan sido capaces de avanzar en la adjudicación de plazas de la categoría de pinches de cocina, examinados desde el año 2010.
Si a lo anterior se suma, el hecho de que en un principio se hablaba de casi 400 millones de euros que vendrían a parar directamente a los servicios esenciales procedentes de la negociación de los presupuestos generales con el PP en Madrid, y que las últimas declaraciones del presidente del gobierno reducen dicha cifra a 155 millones de euros para la sanidad, cifra ésta que hay que decir no serviría más que para poder pagar a proveedores al no ajustarse el presupuesto de la sanidad a lo que realmente se gasta cada año; se puede constatar que el compromiso de mejora anunciado por la consejería de sanidad ha sido una maniobra dilatoria para frenar cualquier tipo de movilización por parte de los trabajadores.
Entendemos que entre nuestra responsabilidad como organización sindical , se encuentra la de intentar frenar el desmantelamiento progresivo de nuestros servicios sanitarios públicos en Canarias, motivo este por el que no sólo hemos adoptado la decisión de iniciar las medidas judiciales oportunas en contra de la política de concertación mantenida de forma interesada por el actual gobierno y los empresarios de la sanidad, sino que además entendemos llega el momento de que en los centros de trabajo se genere el debate oportuno, y se caliente el ambiente con el objetivo de poder llegar al desarrollo concreto de acciones con las que presionar al actual Gobierno y se le obligue a dar solución real y efectiva a los problemas de la sanidad pública canaria y sus trabajadores.
