Continúan sumándose las tribulaciones de los familiares de las víctimas para que se ponga luz sobre las implicaciones penales y políticas vinculadas con el siniestro de vuelo JK5022 de Spanair, que en el 2008 segó la vida de 154 personas, mayoritariamente canarias. Ahora, las conclusiones de la Comisión de investigación parlamentaria sobre el accidente remitidas a la Mesa del Congreso que plantea graves imputaciones contra la compañía aérea, AENA, y los responsables políticos del PSOE por descuidar negligentemente las medidas de seguridad y mantenimiento del avión, ha sido secuestrada por la Mesa del parlamento presidida por Meritxell Batet, quien, además, ha ignorado el requerimiento de la misma comisión parlamentaria para que fuese dirigida a la Fiscalía la solicitud de imputación de la relación de personas que, de una u otra forma forma, propiciaron el fatal desenlace. Un año después de su remisión por la diputada, Meri Pita, el documento continúa volatizado sin que, además, ningún grupo político de las derechas o de las izquierdas se haya interesado por su paradero y contenido. Como podemos observar, la segregación y el desprecio que reciben los canarios desde las cortes españolas incluyen también a nuestros muertos que, además, en este caso, según todos los indicios, fueron víctimas de una criminal negligencia gubernamental.