El preciso y reciente informe de la organización Amnistía Internacional, invita a no olvidar la dramática situación también vivida en Canarias y que afectó a las residencias de mayores en el archipiélago durante la, todavía, presente pandemia. Sirva como ejemplo la situación acaecida en el Hogar Santa Rita, ubicado en el municipio tinerfeño del Puerto de la Cruz. Tras una inspección en este centro, el mayor del Archipiélago en número de camas, se pudo apreciar que el abandono de los residentes era extremo, careciendo ya de antemano de medidas de higiene, alimentación y cuidados básicos, campo abonado para la exposición in extremis al Covid y al contagio por la inexistencia, antes y durante, de medidas preventivas y de aislamiento, ignorándose a ciencia cierta a día de hoy el número exacto de fallecidos habidos por el virus tanto en esa residencia como en el conjunto de centros geriátricos del archipiélago, ello dentro de la política extremadamente obscurantista practicada por el ejecutivo canario.

En el informe Amnistía Internacional da un toque de atención a España por el fallecimiento de 35.000 mayores en las residencias durante la pandemia de la Covid-19, advirtiendo del abandono sufrido por las familias en seis instituciones del estado.

Ni Gobierno central ni autonómico, ni Congreso de los Diputados, ni la Fiscalía General del Estado, ni el Defensor del Pueblo, ni el Consejo General del Poder Judicial han hecho los deberes para modificar esta situación y resarcir a las víctimas cuyos derechos han sido violados.

Amnistía Internacional documenta cinco violaciones de derechos humanos cometidas contra las personas mayores residentes sin que  nadie haya rendido cuentas por ello:  La  vulneración del derecho a la vida, a la salud, a la no discriminación, a la vida privada y familiar y el derecho a una muerte digna. Además, afirman, la situación podría repetirse hoy en día si la pandemia se recrudeciera y se decretara un nuevo estado de alarma.

El informe de la institución también hace referencia a la opacidad por parte de las autoridades autonómicas para esclarecer los hechos Las autoridades pretenden pasar página sobre lo sucedido, sin tener en cuenta que la verdad, memoria, justicia y reparación son imprescindibles para que algo similar no vuelva a suceder y se garanticen los derechos humanos.