Desde Intersindical Canaria aseverábamos en junio de este año, a la luz de la publicación por la comisión de salud pública del Sistema Nacional de Salud de la estrategia de vigilancia y control de la pandemia correspondiente a ese mismo mes, que carecía de cualquier fundamento serio sobre epidemiología y que en línea con las anteriores constituía una parodia con el objetivo de enmascarar y silenciar gran parte de la incidencia y efectos de la misma. Como en tantos pronunciamientos realizados por esta organización sindical, no estábamos equivocados.

El pasado mes de agosto, la prensa local se hace eco de una situación reiteradamente denunciada. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, hasta finales de junio, Canarias ha registrado 9.530 fallecidos, casi un 13% más que en 2021, lo que lo sitúa como el incremento más alto de la serie histórica, que comienza en el año 2000. Al mismo tiempo, el último informe de Monitorización de la mortalidad diaria del Instituto de Salud Carlos III de Madrid cifra en 1.342 el exceso de muertes por todas las causas en lo que va de año, la cifra más alta desde que empezó la pandemia.  Los datos de ambos organismos confirman que el exceso de mortalidad ya triplica al del 2021.

No obstante, para Intersindical Canaria no existe misterio en los datos sobre el exceso de mortalidad. Lo que ha habido es una operación de maquillaje de cifras para no alertar a los monopolios de las industrias turísticas. En 2022 se dejaron de realizar pruebas y de contabilizar los casos, excepto los mayores de 60 años, los considerados vulnerables y embarazadas. Se retiraron un conjunto de medidas, como el uso de mascarillas en interiores, el rastreo o el aislamiento de los contactos estrechos, así como el análisis y control de las aguas residuales. El resultado de esta “gripalización” ha sido un incremento de la circulación del virus causante de la Covid 19 y la aparición de nuevas variantes, y por ende, una mayor exposición al riesgo de las personas consideradas vulnerables. Por ello, mayor número de muertes y lo más grave, muchas evitables. Un factor añadido es el retraso en la detección, atención y control de patologías en la población por el colapso del sistema sanitario, lastrado desde hace años por los recortes y agravado por la irrupción del coronavirus: colapso en todos los niveles de atención, desde primaria hasta especializada, incremento de las listas de espera quirúrgicas, para pruebas diagnósticas y especialidades, por no hablar del deterioro en la atención a la salud mental en la que la pandemia también ha hecho mella.

Y es que a través de la errática estrategia gubernamental, Canarias, un territorio densamente poblado y con una altísima circulación de personas procedentes de diferentes latitudes, merced a una intensa actividad turística, llegó a concentrar el índice más alto de contagios del estado español, a pesar del porcentaje de población vacunada, sin olvidar que, al menos 1780 personas, reconocidas por el gobierno, han fallecido por COVID en las islas, cifra que, como siempre hemos afirmado, se podría hasta duplicar por el solapamiento del virus con otras enfermedades, principalmente en personas de la tercera edad.