El Juzgado de lo Social número 9 de Las Palmas de Gran Canaria ha condenado al Servicio Canario de Salud (SCS) a indemnizar con 195.695,77 euros a una enfermera que quedó incapacitada tras ser agredida por un paciente de urgencias psiquiátricas.

El fallo ha sido impuesto por «incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales», según detalla la sentencia, dictada el pasado 28 de enero por el magistrado Óscar González Prieto y difundida este lunes por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

La afectada, de 34 años cuando sucedieron los hechos, en el otoño de 2015, prestaba su servicio como personal estatutario eventual realizando funciones de enfermería en la unidad de Urgencias Psiquiátricas del Hospital Doctor Juan Negrín de Gran Canaria.

El 25 de septiembre de aquel año, sobre las 14.30 horas, la enfermera se encontraba en su puesto acompañada de una auxiliar asistiendo a un paciente psiquiátrico, y cuando éste observó que la auxiliar se dirigía al servicio, «aprovechó para intentar escapar».

Añade el fallo -adelantado por el periódico local La Provincia/Diario de Las Palmas- que la enfermera, al percatarse de lo que sucedía, llamó al paciente por su nombre, y éste, sin hacerle caso, continuó con un intento de huida, abriendo la puerta del servicio de psiquiatría. La enfermera le pidió que volviera a la zona de paciente, y el aludido se negó «de forma agresiva».

«En un intento de tranquilizar al paciente», expone el magistrado, la enfermera «puso su mano en el hombro de éste», que reaccionó «agarrando del brazo izquierdo» a la profesional.

La trabajadora solicitó auxilio de su compañera, que acudió inmediatamente, «consiguiendo entre las dos que el paciente se relajara y volviera al servicio, soltándole el brazo», detalla la resolución.

El mismo día de los hechos, la enfermera recibió asistencia sanitaria de lo que, en principio, no iba más allá de un «esguince de muñeca». Sin embargo, «la evolución de la patología fue inusualmente tórpida», hasta provocar en la mano una inmovilidad que derivó en la declaración de incapacidad laboral permanente el 25 de mayo de 2017.

Actualmente, la afectada acusa rigidez severa en el miembro, dolor en las articulaciones y unas alteraciones que «se aprecian a simple vista, atraen la mirada de terceros y alteran la relación interpersonal de la lesionada», destaca la sentencia.

El magistrado Óscar González ha aceptado la tesis de la demandante de que su incapacidad tiene origen en «la falta de prevención de riesgos laborales en el interior de un centro de trabajo del Servicio Canario de Salud».

Recuerda la sentencia el Servicio Canario de Salud elaboró en 2006 un Plan de Prevención de las Agresiones a los Trabajadores que preveía una serie de medidas de seguridad que, al menos en este caso, no se llevó a cabo.

El Dia.es