Los nuevos datos sobre listas de espera publicados recientemente por el Servicio Canario de Salud, arrojan luz sobre la confirmación inequívoca de la nefasta gestión del gobierno CC-PSOE al frente del gobierno y de  la Consejería de Sanidad

Estas cifras, inferiores incluso a los datos reales y que se pueden ver incrementadas hasta en un 50%, constituyen un auténtico escándalo, un atentado contra el derecho fundamental a la salud y la vida de la ciudadanía canaria, quienes ven cronificadas sus dolencias, incrementado su sufrimiento, e incluso fallecen en espera de una intervención quirúrgica o prueba diagnóstica que nunca llega.

Al contrario de lo que había prometido el nuevo gobierno y el estrenado consejero, en nada quedó d aquello de reducir las concertaciones y derivaciones a la privada, pues insisten en la sucia estrategia de dejar a la deriva los hospitales públicos en materia de gestión, para convertirlos en proveedores de pacientes que nutran de “clientes forzosos” a la sanidad privada, sobre todo, en aquellos afectados de patologías que económicamente supongan mayor rentabilidad para este negocio que se sustenta sobre la base del erario público. Y ello lo consiguen infradotando de medios humanos y materiales a la sanidad pública, empeorando las condiciones laborales y detrayendo recursos. En fin, desmantelando el Servicio Público, para así, justificar las derivaciones y la inversión desorbitada en concertación.

Nuevamente, el Hospital Universitario de Canarias,  centro responsable de dar cobertura sanitaria al Área Norte de la Isla de Tenerife y cobertura asistencial a la isla de La Palma, es el centro sanitario  donde radican las peores cifras en cuanto a listas de espera, tanto para intervenciones quirúrgicas, como para pruebas diagnósticas o especialistas. Y es este también el Hospital en el que el SCS práctica con más saña  la política de recortes en financiación y en personal sobre una plantilla que arrastra un déficit crónico, histórico, insuficiente para hacer frente a la demanda y víctimas de una sed gubernamental por seguir manteniendo los privilegios de la privada-concertada.

Nos oponemos a que nuestro centro sanitario, con la complicidad o indiferencia del SCS,  continúe condenado a ejercer la  “especialización” en derivar sus pacientes y usuarios a la sanidad privada.

En definitiva, es hora ya que por parte del Gobierno y de su Consejería de Sanidad se facilite una explicación pública sobre algunas cuestiones que, aparte de la perniciosa gestión laboral que desarrolla la actual dirección del HUC, están directamente relacionadas con la dañina planificación asistencial que también se realizan en nuestro centro de trabajo. Demandamos respuestas precisas y urgentes sobre:

¿Por qué, años tras años continúa siendo el HUC el que concentra mayores listas de espera? ¿Tiene que ver ello, con una perversa planificación para la ralentización y retraso intencionado de los procesos para así, derivarlos luego a la sanidad privada?  ¿Sabe o confirma la Consejería que la sanidad privada selecciona del HUC a la carta aquellas patologías que les reportan mayor rentabilidad económica?  ¿Quiénes son los responsables en el Hospital Universitario de autorizar y tramitar las concertaciones? ¿Qué tipo de control se realiza sobre esas personas y cuál es el protocolo existente para realizar las derivaciones?

Ya se comenta  la posibilidad de encontrarnos ante la existencia de un “cártel” mafioso de mandos sanitarios dedicado al negocio de las derivaciones desde la sanidad pública a la privada.