El nuevo Director Gerente del Hospital de la Candelaria, uno de los hospitales públicos más importantes de Canarias tanto en número de usuarios como de trabajadores, ha sido elegido como resultado de la alarmante politización y desprofesionalización que caracteriza a Coalición Canaria en los nombramientos de responsables para los diferentes servicios públicos. Procede de ATI, sin experiencia conocida ni reconocida en gestión hospitalaria y llega con mensajes cargados de buenas intenciones.
Apenas un mes después, empieza a tomar sus primeras decisiones las cuales suponen un nuevo insulto a la profesionalidad y aguante con el que los empleados de la sanidad pública hemos sacado adelante en estos años los infradotados servicios básicos que ofrece nuestro Hospital.
La larga lista de castigos a los que se ha sometido a los profesionales de la sanidad, tratados como “empleados públicos de segunda”, ha ido en aumento: sueldos congelados, aumento de hora de trabajo (las llamadas “horas paulinas”), castigados con la congelación de la carrera profesional, castigados al sufrir accidentes laborales, castigados ante situaciones de enfermedad, castigados con sobrecargas de trabajo inasumibles, castigados con una injusta y eterna oposición para conseguir un contrato digno (OPE iniciada en 2.010 y aún hoy no finalizada)… como colofón, castigados también en el próximo cobro anual de incentivos. Aun, con este maltrato, nos debemos a las usuarias y usuarios y por ellos seguimos dando la cara.
Ante la ilegal sobrecarga de horas extras, turnos dobles, cambios constantes en nuestros horarios laborales o hurto de descansos, a las que se nos está obligando, Intersindical Canaria solicitó soluciones para la devolución de la abultada deuda de horas contraída, así mismo, solicitábamos la implantación de medidas de planificación y control que eviten nuevos abusos. Las “soluciones imaginativas y a coste cero”, que la nueva dirección pretende implantar, no se han hecho esperar y su propuesta ha sido la creación de una lista de “voluntarios” para realizar horas extraordinarias sin contrapartida alguna que asuma la falta de contratos laborales. Esto, además de una falta de respeto, una ilegalidad y una tomadura de pelo, supone una respuesta ingenua y arriesgada más propia de aficionados amantes de la improvisación que de los profesionales que deben liderar nuestros servicios públicos.
De la Ley de Presupuestos de la CCAA de Canarias para el presente ejercicio se desprende que las cantidades para gastos de personal han descendido a niveles de 2.009, también reflejan la nula inversión en las obsoletas infraestructuras de un Complejo Hospitalario situado a las puertas del colapso técnico. Dentro de la nueva fachada se esconden instalaciones con más de 40 años, lo que ocasiona unas deficientes e inseguras condiciones de prestación de servicio al ciudadano y unas inhumanas condiciones para desempeñar nuestro trabajo diario. La misma Ley también establece el límite de horas de trabajo y las retribuciones correspondientes a cada empleado.
Los datos, junto con las intenciones manifestadas, suponen la inmoral pretensión de un Gerente a tener el derecho de disponer, cuando, como y en la cantidad que necesite del trabajo y la vida de empleados públicos en aras a la consecución de los irreales objetivos presupuestarios encomendados por su jefe de partido y utilizando a los pacientes y usuarios como rehenes necesarios.
Nuestros gobernantes deben dejar de utilizar “la crisis” para seguir cercenando derechos. Ya es hora de que asuman sus responsabilidades y obligaciones para garantizar una Sanidad Pública y de Calidad en Canarias.
