Que la sanidad pública canaria está atravesando por su mayor crisis desde la instauración de la democracia, ya nadie lo discute. Pero como ya se sabe, las crisis no llegan solas, sino por la existencia de agentes y circunstancia que empujan a ello. Resulta llamativa, por ejemplo, la vanagloria del presidente del Gobierno sobre el éxito de su política económica y el superávit logrado en las cuentas de Canarias cuando, a renglón seguido, se ve obligado a responder en sede parlamentaria a las interpelaciones de la oposición sobre los pasados presentes y recortes monetarios que sin clemencia alguna impone al Servicio Canario de Salud. Embates estos irrefutables con los propios datos del gobierno sobre listas de espera, y fácilmente perceptibles, in situ, en cualquiera de los servicios sanitarios y hospitalarios a los que cotidianamente accede la ciudadanía tras sortear la trágica carrera de obstáculos de las listas de espera o superar los siniestros pasillos de las urgencias hospitalarias
En un perverso principio de la distribución de beneficios y de la riqueza, la raquítica inversión y baja calidad de los servicios asistenciales que promueve este gobierno es inversamente proporcional al boyante desarrollo de la economía y la creación de capital que, según nuestro Presidente, ha “enriquecido” al País canario en este último año. En un gesto de involuntaria sinceridad, es esta también la conclusión a la que llegamos tras repasar las anotaciones de lo dicho durante la actual controversia que, sobre la menguada inversión sanitaria, enfrenta en estos días a los señores Clavijo y Morera. De lo dicho en esa acalorada discusión sobre quién ha hecho mayor daño a la sanidad pública, hemos podido saber que, el gobierno o su Presidente, para aminorar el gasto farmacéutico, quiso acelerar la muerte de los pacientes afectados por hepatitis C, interrumpiéndoles el tratamiento; que tuvieron en proyecto el cierre de camas y servicios, incluidos los hospitales comarcales de Tenerife; que querían clausurar algunas secciones de la urgencias hospitalarias, y que, además, el desencadenante de la crisis de gobierno entre el PSOE y CC fue el proyecto del anterior Consejero sanitario, Jesús Morera, de poner coto a la rapiña de fondos que en el sector público practica la sanidad privada, área ésta en la que se encuentra, precisamente, la red sanitaria San Roque, de la que procede el nuevo Consejero Sr. Baltar
Durante esta larga polémica, se suma también al coro de los disconformes, la dirección del Hospital Universitario de Canarias haciendo pública su dimisión como protesta ante la asfixia económica que el Ejecutivo canario practica con el centro sanitario. Desde mucho antes, los trabajadores y sus organizaciones sindicales ya insistían en denunciar la acumulación de las cargas de trabajo esclavizantes por la retirada de recursos humanos de los servicios de atención primaria y hospitalaria.
Es esta, en definitiva, una política sanitaria del fraude heredada, pero además repetida por el actual Gobierno con un resultado de hospitales comarcales cuyo acabado continúan dilatándose; planes ficticios como los de salud o de urgencias al no contar con carta financiera alguna; infraestructuras sanitarias básicas paralizadas o sin iniciar. Pero además, la práctica de una agresiva política en lo laboral de substracción de derechos y de recursos humanos que lleva a situaciones tales como que en uno de los hospitales públicos de Tenerife se les adeude a sus trabajadores una media de 80 mil horas realizadas por encima de su jornada laboral. En uno y otro caso, los directos beneficiados de esas carencias en nuestro sistema público es el sector privado que, asume las actividades intencionadamente bloqueadas y que no son realizadas en el sector público, pero que además, en estas caóticas circunstancias se lleva a los cientos de buenos profesionales que hartos de la política de castigo en la empresa pública, huyen hacia el sector privado quien les ofrece mejores expectativas laborales y profesionales irrealizables.
El actual Ejecutivo canario tendrá pronto que explicar sobre qué principio de gestión y administración del dinero público puede justificar el aumento de recaudación, el millonario y descabellado reparto de fondos de la FDECAN con destino a acciones superfluas, o la condonación a su homónimo español de 2.412 millones de euros que el Estado le adeudaba a Canarias en materia de inversiones sanitarias no realizadas. Todo ello, frente al hecho de continuar castigando a la sanidad con el salvaje cierre de suministro de fondos que alarga cruelmente el sufrimiento del conjunto de usuarios y pacientes del sistema sanitario público, pero que además acrecienta la indignidad laboral de sus trabajadores y profesionales.
Jaime Bethencourt Rodríguez
