Hospital Nuestra Señora de Candelaria

Intersindical Canaria (IC) ha denunciado que el Servicio de Rehabilitación del Hospital Nuestra Señora de Candelaria sufre «un colapso intencionado por los intereses mercantilistas que la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias mantiene con los conciertos privados».

Así lo ha manifestado la representante del personal de este centro hospitalario, Patricia Hernández, tras analizar los datos facilitados por la Secretaría General Técnica de la Consejería de Sanidad.

Según detalló Patricia Hernández, «solo en 2017 las peticiones de los pacientes derivados a centros privados alcanzó los 7.234, frente a los 6.630 que fueron atendidos en el propio centro. Y en 2018 la cifra tampoco mejora demasiado, ya que el año se cerró con más de 6.000 pacientes derivados a la privada».

A estos datos, añadió, se une la preocupación por el incremento de las listas de espera de pacientes que no pueden acceder al servicio en las condiciones adecuadas. Según la información que maneja la organización sindical, «en diciembre de 2018 una media de 1.000 personas estaban en lista de espera, cifra que en la actualidad, y dado el bloqueo del servicio, se ha visto incrementada en un centenar de pacientes más aproximadamente».

«Ahora mismo vemos que no hay interés en solucionar este problema, de ahí que nos veamos en la obligación de denunciarlo y ponerlo en conocimiento de la opinión pública. Ese servicio se puede desbloquear si se recogen las propuestas que hemos lanzado a la Gerencia del centro, entre ellas hemos solicitado la reorganización del propio servicio cuyo coste sería totalmente gratuito y la apertura en turno de tarde de dicho servicio», añadió la portavoz sindical.

Según Patricia Hernández, se trata de una situación que los propios profesionales del área han tildado de «lamentable», ya que pacientes con patologías agudas y con necesidades urgentes de ser atendidos se ven obligados a esperar durante meses. «No interesa gestionar y reducir las listas, no interesa ampliar la contratación de personal especializado en este sector, como por ejemplo el área de lesiones neurológicas que tan solo cuenta con una profesional en terapia ocupacional. Lo que prima y eso lo marcan los números es derivar el dinero público a los centros privados. Si las listas aumentan, el desvío queda justificado», aseveró Hernández.

En esta línea, la representante de IC destacó que en 2017 el dinero destinado a concertaciones en rehabilitación ascendió a 1.650.968 euros, importe referido solo a los servicios del HUNSC.

Para Intersindical Canaria, y tras el análisis de los datos facilitados por la Comisión Secretaría Técnica de la Consejería de Sanidad, «esta tendencia es tan solo una muestra más de los intereses económicos de Coalición Canaria, y en particular de la Consejería de Sanidad, dirigida por José Manuel Baltar«. Una circunstancia que para esta fuerza sindical «provoca principalmente el deterioro del servicio, siendo los pacientes los grandes perjudicados por esta nefasta gestión del dinero y de los recursos públicos».