Ante el inicio de los trabajos de La Comisión parlamentaria para el estudio del reto demográfico y equilibrio poblacional de Canarias y las conclusiones a las que pueda llegar, consideramos que, sin más dilaciones y en base a los estudios e informes ya realizados antaño tanto desde el ámbito público como privado, urge el debate y aprobación parlamentaria de medidas de carácter paliativo que frene la alta densidad poblacional del archipiélago, para luego, a medio plazo,  implantar una Ley de residencia. 

Estas imperantes reivindicaciones las viene planteando nuestra organización sindical desde su fundación, insistiendo en la necesidad de establecer medidas para el control poblacional en razón a la fragilidad del territorio, los limitados recursos naturales, la conservación del medio ambiente, la biodiversidad y la pérdida acelerada de identidad que viene padeciendo las siete islas del Archipiélago. Como vemos, y desde entonces advertimos, todos estos planteamientos siguen vigentes y la situación no ha hecho más que agravarse. De seguir así, en los próximos quince años, Canarias, puede aumentar su población en 350 mil habitantes más que sumar a los actuales 2,6 millones actuales y 16 millones de turistas, forzando ello, además,  a un proceso demencial de adaptación a la demanda en sectores como los transportes, tratamiento de residuos, energía, agua, suministros básicos, sanidad, educación y servicios sociales, lo que supondría socialmente, una tormenta perfecta.

La ausencia de planificación de un modelo de desarrollo que tenga en cuenta las especificidades de Canarias, estamos siendo víctimas del desarrollismo suicida del monocultivo turístico de masas, con su binomio turismo-construcción, pero también, de la ausencia de control poblacional alguno, sobre todo, de aquellos flujos migratorios de nivel económico medio-alto que proceden de Europa y que, por razones sobre todo climáticas, sin ningún tipo de limitación se les permite adquirir propiedades y abrir negocios, lo que ha llevado a situaciones tales como que la mitad de suelo vendido en Canarias en el último semestre haya sido adquirido por foráneos. 

Las diversas iniciativas populares llevadas al parlamento hasta la fecha, han chocado con el rechazo de una mayoría parlamentaria, en los hechos, más partidaria del desarrollismo suicida que de la preservación territorial de Canarias, poniendo en riesgo el paisaje, precisamente el principal atractivo turístico.  

Mientras en otros lugares como en Baleares se están tomando medidas para frenar la presión turística-poblacional, resulta paradójica que, en Canarias, incluso, la posibilidad de establecer una tasa turística que compense mínimamente la depredación física que sufre las islas, haya sido ignorada por los integrantes del actual gobierno canario (PSOE, Podemos, NC) Esta negativa motiva incredulidad sobre la eficacia del trabajo a desarrollar por la comisión parlamentaria y plantean serias dudas sobre los verdaderos objetivos de su trabajo. La realidad es que, por la vía de los hechos, las grandes empresas turísticas siguen estando en manos de empresas foráneas que, al mismo tiempo que multiplican cada año su volumen de negocio, en nuestra tierra dejan las peores condiciones laborales, los peores salarios y unos índices de un elevadísimo paro estructural. Todo ello con la connivencia de los sucesivos gobiernos que, en su última ocurrencia de captación de más visitantes, están anunciando en las latitudes europeas la majadería de Canarias como el paraíso para los nómadas digitales.