La Consejería de Sanidad repartió en la nómina del mes de marzo, mediante la Instrucción que el Servicio Canario de Salud emite desde el año 2002, cerca de 600.000€ en sobresueldos entre 111 cargos del SCS, en concepto de “incentivos por el cumplimiento de objetivos”, a lo que hay que añadir los más de 71.000€ mensuales abonados en concepto de “Complemento por Especial Interés y Rendimiento” y que suman más de 850.000€ extras anuales.

La paga de incentivos de un gerente alcanza hasta 13.000€, 11.000€ los directores y 8.000€ los subdirectores. Todo ello, mientras la sanidad como derecho fundamental de la ciudadanía se desmorona, a los usuarios se les niega el “Pan y la sal”, permanecen saturados los Servicios de Urgencias, crecen las interminables Listas de Espera y el conjunto de los trabajadores ven como aumenta la presión asistencial, las cargas de trabajo, sus derechos se ven recortados y se les detrae una parte proporcional de su pírrico salario porque los “gestores” no han cumplido objetivos que ellos mismos han pactado al margen del personal, tales como la adecuación presupuestaria, la integración de los sistemas de información, el uso racional del medicamento y control de la prestación, mejora de la eficiencia y la adecuación de los tiempos de espera, mientras ellos sí, responsables del incumplimiento, mantienen sus elevadas asignaciones.

En esta línea, desde una apuesta decidida por la defensa de la Sanidad Pública Canaria, en colaboración con el resto de organizaciones Sindicales presentes en la Mesa Sectorial de Sanidad, se ha impulsado el contacto, primero por separado y luego en conjunto, con las diferentes fuerzas políticas, tanto del arco parlamentario como extraparlamentario, con el fin de alcanzar un Pacto Social por la defensa de la Sanidad Pública Canaria, pidiendo, al menos desde Intersindical Canaria y haciéndolo acompañar de la necesaria presión social, la celebración de un Pleno Parlamentario monográfico, en el que realizar un diagnóstico exhaustivo sobre los problemas principales. Como eje, un documento de consenso, y a juicio de la totalidad de las fuerzas políticas y sindicales, aparecen como primordiales los problemas de insuficiente dotación presupuestaria, la falta de profesionalización de la gestión y las concertaciones con la sanidad privada.

El comportamiento de la Administración Sanitaria, actualmente en manos de Coalición Canaria, con su austericidio, no casa luego con el dispendio económico que suponen los incentivos a unos altos cargos, que según el propio Presidente del Gobierno de Canarias tuvieron que ser cesados por “hacerlo mal”.

Nuestra Organización Sindical exige, en base a lo manifestado, que tales emolumentos sean retornados a las arcas públicas para destinarlos a la contratación de personal, y paliar así  los recortes de plantilla que han llevado a la merma paulatina de la calidad asistencial.

Canarias, 27 de abril de 2017                     Catalina Darias Delgado (Secretariado Nacional de Salud)