A los cerca de cinco meses meses de iniciada la erupción volcánica en La Palma y el éxodo de los primeros vecinos de sus hogares y propiedades, el balance de lo realizado por las instituciones canarias y españolas en el operativo de compensaciones dirigidas a los miles de los palmeros damnificados, en el fondo y la forma, no puede ser más decepcionante. Primero, porque las prestaciones con la que han actuado las autoridades canarias y españolas para los habitantes de los municipios de El Paso, Los llanos y Tazacorte, se han realizado bajo la denigrante filosofía de la caridad y la beneficencia, contrariamente al criterio de la Justicia social al que vienen obligados los poderes del Estado para amparar a los afectados por un desastre natural. Y, en segundo lugar, porque el popurrí de ayudas e inversiones prometidas continúan en el limbo de la tardanza, la imprecisión y la desconfianza, obstaculizando así que los muchos ciudadanos se puedan ver resarcidos del conjunto de perjuicios sufridos: desde un habitáculo digno que les dé cobijo, hasta los ingresos mínimos vitales que les libere de la indigencia en la que se encuentra muchos de aquellas familias. Aquellas que algo han recibido, lo ha sido tras sufrir un largo peregrinar de regateos y burocracia que, a veces rayan en el hastío. Frente a la promesa de nuevas viviendas en similares condiciones a la que tenían antes de la erupción, los lugareños se tropiezan ahora con la oferta de indignos contenedores habilitados. EL resto, la mayoría, deambulan entre el desarraigo, la caridad ciudadana, las ayudas de Cáritas, los alojamientos hoteleros o hogares improvisados cedidos por amistades y parientes.

Magnificar el alcance del siniestro y número de afectados para justificar la nefasta gestión para compensar a los verdaderos damnificados, resulta infame. Porque no se trata de reconstruir La Palma, tal como insisten en los telediarios, se trata de YA, dar fin a las tribulaciones de una relación precisa y nominal de ciudadanos afectados por la erupción. Tampoco se trata, -como ha hecho el Gobierno-, de repartir bonos tercermundistas para promover el turismo volcánico y la llegada de foráneos sin beneficio alguna para población y que, además, degradan la imagen de los habitantes de esta tierra.

En la relación interminable de despropósitos, nos encontramos ahora ante la elección de una imprecisa Comisión parlamentaria para la “reconstrucción” que veta la presencia del alcalde de El Paso, que es tanto como secuestrar la voz de los ciudadanos de uno de los municipios afectados por el Volcán. Frente a las comisiones parlamentarias fantasmas, exigimos participación directa y permanente de los perjudicados a través de sus legítimos representantes.

Para INTERSINDICAL CANARIA las hipócritas y repetidas visitas a La Palma realizadas por el presidente del Gobierno, sus ministros y de la Casa real, se nos antojan como una obscenidad, cuando, hasta hoy, la retahíla de palabrería solidaria, mayormente, no ha ido acompañada de hechos. El acto de homenaje institucional a los palmeros, a última hora pospuesto, que se pretenden escenificar, va a suponer un acto más de intolerable hipocresía con el que se pretende blanquear su insensata gestión ante las graves consecuencias sociales de la erupción volcánica.

Por ello, INTERSINDICAL CANARIA, saluda y respalda la protesta convocada por las Asociaciones vecinales y de afectados para la tarde del 25 de enero en Los Llanos de Aridane.