La actual controversia sobre el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica y la procedencia o no de demoler algunas esculturas con significación franquista y de valor artístico como los monumentos levantados en la avenida Anaga o en la plaza de España de Santa Cruz de Tenerife, nos lleva a algunas reflexiones sobre la falta de ecuanimidad en torno a la aplicación de una ley que, además de proponerse borrar los vestigios inmuebles vinculados con la dictadura, en la letra, pretende resarcir a las víctimas de la guerra civil.

La firmeza y tesón de las instituciones y de algunos colectivos para lograr la desaparición de algunas de las obras escultóricas de simbología franquista, eclipsan y esquivan aquellas otras medidas más cruciales previstas en la ley como la de la recuperación e identificación de los cadáveres de republicanos diseminados por la geografía canaria en fosas individuales y colectivas, actividad ésta ahora prácticamente abandonada e ignorada por las instituciones canarias y del Estado. A esta notable contradicción se suma el hecho reseñable de que, por el gobierno actual y sus antecesores, se proceda sin rubor a distinguir y premiar a individuos del ámbito policial y militar que durante el franquismo y la transición practicaron la persecución, la tortura, e incluso el asesinato, contra significados demócratas y luchadores por las libertades.

La Ley de Memoria histórica, se ha construido sobre una ley de “punto y final” que, tras la muerte de Franco, condonó el castigo a todos los golpistas, les eximió de sus terribles asesinatos, y lo que es peor, les premió vitaliciamente con la conservación de todos sus privilegios y cargos civiles y militares para, además, reasignarles todo el patrimonio y propiedades hurtado a los asesinados y represaliados republicanos.

En estas circunstancias, la resignificación o la demolición, por ejemplo, del conjunto escultórico ubicado en la Avenida Anaga “El Ángel caído”, del artista figurativo del PSOE, Juan de Ávalos, se nos antoja un asunto más bien baladí.

Pero ya puestos a ello, alguien nos tendrá que explicar por qué no sumar al olvido de la ley de la memoria a personajes tales como el criminal general Weyler, quien da nombre a una de las principales plazas de Canarias o borrar cualquier vestigio de referencia en nuestro viario público a los muchos bandoleros y criminales de la conquista que, mediante el exterminio y la esclavitud de nuestros antepasados guanches, incorporaron a Canarias a la, desde entonces, corrupta monarquía española.