La gestión en materia de dependencia pinta muy negro para el actual gobierno canario, pero especialmente para su Consejería de Asuntos Sociales. La rebelión de los trabajadores del área, hartos de las carencias de recursos en el servicio, es sólo la punta del iceberg al ser una indignación cimentada en la situación que sufren las personas dependientes como sector más vulnerable de la población canaria.

Son ya 3.000 los solicitantes que, habiéndoseles reconocida la dependencia, aún esperan para recibir efectivamente la ayuda reconocida. Como en otros tantos indicadores del conjunto del Estado, es el gobierno de Canarias el que peor trata a sus dependientes, privándoles sine die de prestaciones tales como la prevención y promoción de la autonomía personal, tele asistencia, ayuda a domicilio, centros de día o noche, atención residencial o prestaciones económicas vinculadas al servicio o asistencia personal. Una discriminación constante que se mantiene invariable y al alza desde el lejano año de 2006 en el que se implantó el servicio de Dependencia.

Los datos que completan esta tragedia lo integran los cerca de 10.000 solicitantes canarios que se encuentran en lista de espera y los más de 3.000 isleños que murieron durante 2021 sin haber recibido la ayuda o plaza a la que tenían derecho.

La política centrada en los sectores sociales más vulnerables con la que el PSOE y Podemos abanderaron su campaña resultó ser una declaración de decepcionante y tenebrosa hipocresía.