Los servicios sanitarios públicos adolecen de muchos y graves problemas, pero nos hemos ido acostumbrando, sin casi sorprendernos ni darnos cuenta, y hemos acabado en soportarlo con resignación, olvidando que nos asiste un derecho fundamental a recibir en su totalidad y con garantías, este primordial servicio a la salud, según se contempla en la Constitución Española y en otras diferentes de Europa europeas e internacionales.
Continuamente convencernos de que la sanidad en Canarias goza de buena salud. Es una orquestación programada y machacona, que repiten para que, a fuerza de repetirlo, se con- vierta en realidad.
Pero la realidad es muy tozuda y no lo permite. Los análisis demuestran que esta comunidad autónoma se encuentra, desde hace muchos años, a la cola de la sanidad en comparación con el resto del Estado. Incluso, recientemente, le aplican que nuestros hospitales se encuentran entre los de peor reputación. Son datos que derivan de los barómetros de opinión, de asociaciones, de grupos ciudadanos, de defensores del pueblo, de grupos políticos, de representaciones socia- les y laborales y de los propios usuarios ciudadanos.
El modelo sanitario español muestra desde hace tiempo claras muestras de agotamiento, manteniendo colapsos asistenciales estructurados que así lo indican. No solo en las Urgencias si- no en las listas de espera, quirúrgicas o de consultas, y pruebas diagnósticas.
La intensa politización en la sanidad pública es uno de los mayores males, si no el principal, que condicionan sus malos resultados. En ocasiones llega a permitir un sistema de gestión que a veces raya en la corrupción de sus métodos y acciones. Porque muchos son los intereses creados que rodean al “negocio de la salud” demuestrados por las grandes inversiones económicas de empresas financieras privadas en torno a la sanidad; y que se mantienen en forma de conciertos y convenios con el sistema público sanitario.
La sanidad pivota entre los políticos de turno, los grupos financieros priva- dos y los medios de comunicación que estos controlan, mucho más que en torno a los pacientes y a los profesionales. Y es por ello que los controles son muy necesarios pero no se realizan. Y es la mala gestión llevada a cabo en el diseño y funcionamiento, lo que la empeora, dando lugar a no “profesionalizar” la misma. Por tanto, el paciente, el ciudadano, ha dejado de ser en centro del sistema para concentrase en torno al político.
Es inconcebible que cuando se está reforzando el sistema bancario con recursos públicos, se intente penalizar a los ciudadanos con mayores impuestos sobre su enfermedad y la salud, ya sean con recortes en sus prestaciones y financiación, mediante los copagos, retirada de servicios o medicamentos o trabas para las ayudas en políticas sociales y de ayudas a los más necesitados, como lo ha efectuado el Partido Popular en la última legislatura, con su política restrictiva, convirtiendo a la sanidad en una cosa de ricos. Pero de igual modo lo han hecho, también, otros grupos políticos, gobernando en Canarias, ya sea el PSOE o Coalición Canaria.
Los facultativos médicos poco intervenimos en las decisiones de los sistemas de salud; poco las Asociaciones Profesionales y las Organizaciones Médicas Colegiadas; y no decir de los ciudadanos que, por no participar, ni siquiera están vigentes los Planes de Salud que se dilatan años tras años. E igual ocurre con Sindicatos y representaciones de trabajadores a los que se les anulan convenios colectivos pactados, en aplicación de restricciones presupuestarias que inciden en la disminución de plazas labora- les asistenciales, mermando de personal al sistema, que se precariza a pasos agigantados y que sufren los pacientes.
La sanidad española estuvo considerada como de buena calidad y con prestaciones de alto nivel, reconocida internacionalmente, y asistida por excelentes profesionales, con modernos hospitales con alta tecnología desde hace décadas. Y lo que no se entiende es esta manera de realizar cambios estructura-les y de financiación en algo que funcionaba bien. Es una forma de acabar con un servicio ponderado por muchos pero que, al parecer, hay que modificar y llevarlo al terreno de la privatización paraque algunos se beneficien del negocio.
Los dirigentes políticos mantienen un control férreo y politizado en la gestión de la sanidad pública, a la que manipulan en sus beneficios personales y electorales, con poca transparencia, que impiden el control ciudadano de sus propios recursos y desmotivando a los profesionales sanitarios que soportan la carga.
Hay muchos intereses ocultos en torno a la sanidad. Se empeñan en que lo público no funcione ensombreciendo con la sospecha de la corrupción lo que acontece y que no quieren cambiar.
Pero hay soluciones que sabemos los profesionales de la sanidad y todas sus organizaciones.
Son los políticos gobernantes nacionales y autonómicos los que siguen controlando la situación sin tener un nivel adecuado para hacerlo y son los responsables de que Canarias siga a la cola, ya sean en Atención Primaria, la gran olvidada, como en los servicios de Urgencias, en las listas de espera. La precariedad de medios y personal se acrecienta, la financiación disminuye, la demanda social aumenta… Y mientras, se tergiversan datos, se maquillan estadísticas, se prometen soluciones que no se cumplen. Finalmente, el ciudadano se plantea la dualidad de medicarse o de comer, de curarse sus enfermedades o de pagar su vivienda.. Y que es la salud de un pueblo es responsabilidad del Estado, igual que su educación.
Las alarmas suenan y avisan de que algo va mal pero los políticos, los responsables, lo niegan y lo ignoran aceptándolo como normal.
Y mientras se denuncian estos hechos, los representantes legales de los trabajadores y las secciones sindicales sanitarias seguimos siendo ninguneados por los que dirigen las administraciones públicas, ante el ejercicio de realizar críticas y en nuestra labor de la defensa laboral de los empleados. Porque se quiere obviar el derecho a la libertad de expresión que ostentamos con nuestras manifestaciones, y también de información, en el interés general de la ciudadanía que tiene necesidad de estar informada y de conocer puntos de vista de los profesionales sanitarios en las cuestiones que nos competen, como es el caso.
Las ideas, opiniones y pensamientos, junto con los juicios de valor, es un derecho que nos asiste en cuanto a comunicar hechos y circunstancias que consideramos de importancia común y ciudadana para garantizar la formación de una opinión pública libre, indispensable para el pluralismo político que exige el principio democrático. Algo tiene que hacer la ciudadanía.
Carlos García
Asesor de Intersindical Canaria
