Canarias cuenta con la mitad de inspectores que la media del Estado. Las islas cuentan con un inspector por cada 25 mil, frente a 1 por cada doce mil habitantes de media estatal. Estos indicadores, dan idea de la problemática que desde hace años arrastra el Servicio de Salud Pública, a los que hay que añadir otras circunstancias laborales y de recursos que provocan que el gobierno continúe temerariamente poniendo en riesgo la salud de la población canaria.

Tras un principio de acuerdo alcanzado al final del pasado año con el Servicio Canario de Salud del Gobierno, la Asociación de Inspectores de Salud Pública ha anunciado este lunes que retoma las concentraciones de protesta el próximo 16 de mayo en Gran Canaria y el 20 de mayo a las puertas del Parlamento de Canarias dado que no se ha producido ningún avance tras el acuerdo con el Servicio Canaria de Salud (SCS) que ponía fin a la huelga, lo que está provocando un caos en la salud pública.

El colectivo expone que la dejadez por parte de la administración y su nula preocupación por la salud de todos los canarios y canarias ha provocado que alertas alimentarias que se han producido recientemente, como la de los huevos Kinder, las pizzas Buitoni y otras, no se estén realizando con la rapidez que requieren estas graves situaciones, al no proporcionar la administración los medios necesarios para realizar las visitas de inspección de forma correcta, y en ocasiones se estén gestionando por vía telefónica, con los riesgos que ello conlleva.

De hecho, señala que se han tenido que poner a disposición de la administración vehículos particulares para atender toxiinfecciones alimentarias así como otras actuaciones, y las denuncias también se están viendo afectadas por esta situación, no siendo debidamente atendidas.

Asimismo, la asociación comenta que no se está realizando la mayor parte de las tomas de muestras de alimentos para control oficial programadas con el objetivo de garantizar la seguridad, para la protección de los consumidores y en el ámbito de la sanidad ambiental, la situación es tan grave que en el caso de la isla de Tenerife no se han podido hacer comprobaciones después de detectar contaminaciones ni recoger algunas muestras de agua de mar, que forman parte del programa de Vigilancia Sanitaria de las Agua de Baño, lo que además de los riesgos para los bañistas.

Todo esto ha sido puesto en conocimiento de la administración de manera reiterada en las últimas semanas pero no ha facilitado solución alguna. En algunas islas, concluye, se está viviendo la peor situación para la salud pública de los últimos años.