Desde REDESSCAN lanzamos en 2020, cuando se cumplía el primer aniversario de la nueva Ley de Servicios Sociales de Canarias, la campaña “Servicios Sociales Desnudados”. En aquel momento nos preguntábamos dónde se encontraban las llaves para sacarles a flote, después de tantos años en ahogamiento presupuestario, legislativo y organizativo por parte de las Administraciones Públicas responsables.

25 de mayo de 2020

En su tercer cumpleaños, 2 de mayo de 2022, seguimos preguntándonos qué necesita el Gobierno de Canarias para poner en valor la función absolutamente esencial que tienen los Servicios Sociales para garantizar los derechos a todas las personas que vivimos en esta tierra.

Seguimos denunciando el incumplimiento de esta nueva Ley en muchos de los compromisos adquiridos en sus Disposiciones, y que, a pesar de que existen proyectos normativos de desarrollo de estos compromisos, aún siguen sin llevarse a la práctica ninguno de ellos. Señalamos entre otros:

La puesta en marcha del Catálogo de Servicios y Prestaciones que debía entrar en vigor en noviembre de 2019.

La entrada en vigor de la Ley de Renta Ciudadana de Canarias y sus compatibilidades con otras prestaciones económicas como el Ingreso Mínimo Vital (el proyecto de Ley debía estar presentado en noviembre de 2020).

La puesta en marcha del Plan de inclusión social y contra la pobreza, además de un Plan específico para combatir la pobreza infantil. Hasta el momento lo que conocemos es la “autorización en 2021 de un programa temporal de empleo de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud que permitirá la contratación de 115 trabajadores durante tres años para desarrollar tareas relacionadas con los servicios sociales” que se suman a los 101 contratados en 2020 para Dependencia y que se prorrogaron en 2021”.

Nos seguimos preguntando ¿Qué pasará cuando se acaben esos contratos? ¿Se hará una oferta pública de empleo para que formen parte de la estructura del Sistema Público de Servicios Sociales en los diferentes niveles de atención? ¿Es el personal suficiente para la atención que se necesita en realidad? ¿Sólo se contrata para situaciones de urgencia?

Señalamos como datos importantes para saberlo, de una parte, otro de los incumplimientos de la Ley.

La puesta en marcha del decreto 22/2021, de 15 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de los órganos colegiados de Servicios Sociales de Canarias (Boletín Oficial de Canarias de 27-04-2021), especialmente en lo que se refiere al primer diagnóstico que tenía que elaborar el Observatorio Canario de los Servicios Sociales. (tenía el plazo de un año desde la Creación del Observatorio)

No tenemos, por tanto, análisis multisectorial de la situación y el estado de los Servicios Sociales en Canarias que es un elemento imprescindible para dotarlos de las prestaciones, los servicios y los recursos humanos y materiales que la realidad demanda.

De otra parte, tenemos muy recientes los datos del IX Informe FOESSA sobre Exclusión y Desarrollo Social en Canarias que hablan por sí solos. Señalamos entre otros:

La exclusión se ha ensanchado, implicando que el 29,1% de los habitantes de Canarias

(630.000 personas) se encuentran en una situación de “desventaja importante”.

Las tasas de pobreza siguen siendo en el Archipiélago superiores a las registradas en el conjunto del Estado y afectan a cerca de 425 mil canarios (19,6% en Canarias por 11,3% en España).

➢Uno de cada tres jóvenes entre 19 y 29 años está afectado por procesos de exclusión social (33%).

La brecha digital afecta al 30% de los hogares canarios y, en mayor medida, a los hogares en exclusión severa: un 44% de estos hogares no tienen acceso al mundo digital.

➢La feminización de la exclusión. En 2021 la brecha entre los hogares encabezados por hombres y los encabezados por mujeres se ha incrementado notablemente. El 28% de los hogares cuya persona sustentadora principal es una mujer, frente al 22% donde la figura sustentadora es un hombre.

Desde REDESSCAN seguimos denunciando que la realidad social de Canarias lleva mucho tiempo dándonos señales de alerta roja, que la desigualdad, la indignidad en la vida cotidiana de miles de personas es insoportable y que se están vulnerando nuestros derechos fundamentales de autonomía, subsistencia, sostenibilidad, dignidad y bienestar.

Asimismo, denunciamos la creciente tendencia, por parte de las Administraciones Públicas, a recurrir a la concertación social, a la externalización y a la privatización de los Servicios Sociales en ámbitos como infancia y familia, la autonomía personal y las situaciones de dependencia (Decreto 144/2021, de 29 de diciembre). Se encomienda pues al Tercer Sector cada vez más servicios y prestaciones que deben ser atendidas en un Sistema Público de Servicios Sociales sólido a la altura de Sanidad, Educación y Garantía de Rentas.

En 2020 constatábamos que en el Pacto de Reactivación Social y Económica en Canarias ni se nombraban los Servicios Sociales. Ahora nos preguntamos: ¿cuánto se destinará a Servicios Sociales de los fondos procedentes del instrumento europeo de recuperación denominado «Next Generation EU»? ¿Se valorará la importancia de la inversión en Bienestar Social y los retornos que aporta para la vida comunitaria?

Por ahora sólo constatamos la falta de abrigo y protección para los Servicios Sociales. Y no es responsabilidad sólo de una o dos Consejerías. Es una decisión política que atañe a todas las Administraciones encabezadas por el Gobierno de Canarias en su conjunto.