Poco o nada han cambiado las cosas en la Consejería dirigida por la consejera de Podemos, Noemi Santana.  Tanto es así que los trabajadores y su Comité de Empresa han insistido en los graves perjuicios que continúan recayendo, precisamente, sobre los sectores  más vulnerable de la sociedad canaria (dependientes, solicitantes de la Prestación Canaria de Inserción y de pensiones no contributivas, etc, etc. Todo ello, además de la escasez de recursos técnicos y humanos disponibles.

Asi, el comité de empresa de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno canario ha denunciado la falta de medios, el caos organizativo y la pérdida de calidad en la asistencia a las personas beneficiarias de ayudas o prestaciones relacionadas con este área.

Tanto es así que el Comité llega a afirmar que se están empeorando los servicios sociales públicos pese a que se vende a diario que todo está arreglado con más presupuestos y personal.

La cruda realidad es que el incremento de presupuesto ha ido destinado al personal de los ayuntamientos. Las personas que se contrata para la Consejería están ubicadas en un espacio físico insuficiente y se produce un hacinamiento sin los medios informáticos mínimos para poder realizar el trabajo, denuncia el comité de empresa. Además, tampoco se ha cumplido el compromiso de convocar las listas de sustituciones de todas las categorías laborales para poder cubrir las plazas vacantes y contratar a personal.

El comité de empresa ha señalado asimismo que hay más de 43.500 beneficiarios de pensiones no contributivas y que las nuevas solicitudes de jubilación están tardando más de un año en resolverse, al igual, han asegurado, que las pensiones de invalidez que tardan más de dos años.

Apuntan, además, que las reclamaciones y revisiones de nómina llevan más de un año de retraso por no tener personal suficiente para realizar las revisiones anuales, obligatorias por ley, para comprobar que los perceptores siguen manteniendo los requisitos.

La consecuencia de no cumplir estos plazos es que se llegan a quitar las pensiones y reclamar deudas de más de 10.000 euros a personas que no tienen recursos económicos, ha señalado el comité de empresa. Respecto a la situación del centro de valoración de la discapacidad los trabajadores han trasladado que el número de solicitudes pendientes de citar es de 8.100 solicitudes, lo que conlleva una espera de entre 12 y 22 meses.

Cumplidas tres semanas de la incorporación de nuevo personal, todavía no les han proporcionado los permisos de las diferentes aplicaciones, necesarios para poder trabajar, han agregado los trabajadores.

En cuanto a la tramitación de la Prestación Canaria de Inserción (PCI), con unos 10.000 beneficiarios, el comité de empresa, se sigue caminando hacia atrás, con más de 1350 expedientes que han solicitado renovación este mes sin resolución aún, así como 1300 solicitudes nuevas y reanudaciones sin resolver y 200 recursos sin en el mismo estado.

También han denunciado el retraso de hasta dos meses en la atención a la ciudadanía en las citas del 012 a través de la oficina de información especializada.