Los trabajadores piden la cabeza del presidente Clavijo por la negligente gestión del gobierno en el área de SERVICIOS SOCIALES.

Los Comités de Empresa, y con ellos, INTERSINDICAL CANARIA y demás sindicatos de ambas provincias de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias piden la dimisión del Presidente Fernando Clavijo por inacción ante las múltiples y reiteradas denuncias por dejación de funciones, caos y hostigamiento por parte de varios responsables de diversas áreas.

Los representantes sindicales alertan de que la falta de respuesta y medidas efectivas ha agravado la situación en los servicios sociales, afectando tanto a los y las trabajadoras como a los ciudadanos que dependen de estas prestaciones.

El personal de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias a través de sus representantes en los Comités de Empresa de ambas provincias, denuncian la grave situación de sobrecarga laboral, amenazas veladas y hostigamiento por parte de responsables de distintas áreas y servicios.

Los sindicatos alertan a su vez de una posible estrategia de desmantelamiento de los servicios públicos, caracterizada por un deterioro del clima laboral, una carga excesiva de trabajo que afecta a la ciudadanía, el cierre de servicios debido a la ineficaz gestión del departamento de personal, la falta de recursos humanos para afrontar el constante aumento de la demanda y reiteradas vulneraciones de derechos laborales. Según los y las trabajadoras y sus representantes, esta situación parece ser la antesala de una posible externalización y privatización de servicios.

Tras más de año y medio de gestión, el actual equipo de Gobierno sigue sin ofrecer respuestas ágiles y eficaces a los problemas persistentes de la Consejería. Pese a la intensa campaña mediática para ofrecer una imagen muy diferente a su vez, de la situación que enfrentan tanto los  y las trabajadoras como los usuarios de los servicios es muy diferente.

En esta ocasión, ambos Comités de Empresa quieren poner el foco en las Escuelas Infantiles las cuales, con más de 50 años de experiencia en la atención a la primera infancia (0-3 años), desempeñan una labor esencial y social gracias a la profesionalidad de su personal. Su objetivo principal es reducir desigualdades, apoyando a la infancia y a las familias más vulnerables, promoviendo la conciliación laboral y familiar, y fomentando la igualdad de género.

Desde el inicio de la legislatura en el año 2023, la Consejera adquirió el compromiso de crear una comisión de Escuelas Infantiles para llevar a cabo un estudio monográfico de estos Centros, sin que hasta la fecha hayan sido convocadas.

Asimismo, se ha solicitado en numerosas ocasiones a la Dirección General de Protección a la Infancia y las Familias reuniones para solventar la problemática de las Escuelas Infantiles, sin respuesta alguna hasta la fecha.

En la actualidad, se están produciendo graves problemas en los Centros por falta de personal, no se sustituye adecuadamente a quienes causan incapacidad temporal y como consecuencia se tienen que cerrar aulas y dejar menores sin atención con el perjuicio respectivo que se les causa a las familias. Otra consecuencia de la falta de personal es la obligación de contratar catering, lo que supone un sobrecoste añadido a pesar de tener cocinas propias y con personal cualificado donde se elabora diariamente el menú por un nutricionista.

Por otro lado, existe un agravio comparativo entre la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, donde se exige el abono de una cuota mensual, y la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, donde la matrícula es gratuita.

Asimismo, se está generando una situación de desigualdad tanto para las educadoras infantiles como para los y las menores a su cargo, ya que no cuentan con auxiliares en el aula ni siquiera para asistir durante el horario de comedor. Esta falta de recursos no solo afecta la calidad del servicio, sino que también incrementa considerablemente la carga de trabajo del personal, al no disponer del apoyo adicional necesario.

Los Comités de Empresa de ambas provincias denuncian además que existía un compromiso adquirido con la anterior Directora General para llevar a cabo una importante inversión en la rehabilitación y actualización de dichos centros, utilizando los fondos Next Generation, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la normativa vigente. Sin embargo, hasta la fecha no se ha tomado ninguna medida al respecto. En su lugar, estos fondos han sido destinados a la creación de plazas del primer ciclo de Educación Infantil en centros docentes de la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes evidenciando el abandono y la desidia de la Administración hacia un recurso existente.

 Solicitamos que se tomen medidas para equiparar los recursos disponibles de los que hacemos mención en ambas consejerías, garantizando así una atención de calidad para los y las menores y unas condiciones laborales justas para todo el personal de las citadas Escuelas Infantiles de esta Consejería.

•      Atención al público: Se registra un retraso de más de dos meses en la atención y el registro de documentos, a pesar de que se exige a la ciudadanía presentar documentación en un plazo de 10 días. Lo mismo ocurre con la atención especializada, afectando gravemente a los usuarios.

•      Área de Dependencia: Aumentan las denuncias ante la Inspección de Trabajo y los tribunales debido a un clima laboral de crispación y persecución. Persisten problemas en la gestión de citas a través del 012, la falta de formación del personal de nueva incorporación genera errores en la evaluación de la Dependencia y en la concesión de prestaciones económicas.

•      Discapacidad: Listas de espera de casi cuatro años para ser valorado, mientras que la plantilla se reduce por la falta de cobertura de bajas y jubilaciones. Retrasos de un 1 año en la recepción de la documentación que viene de los registros en formato digital. Una aplicación que lleva 2 años de su implantación y que no termina de funcionar.

•      Área de Menores: Los y las trabajadoras denuncian una carga de expedientes inasumible, lo que provoca deficiencias en la protección de los menores de Canarias y pone en riesgo su bienestar.

•      Renta Canaria Ciudadana: Siendo una ayuda de emergencia para personas de extremo índice de vulnerabilidad, queda claro que el concepto de emergencia se desvirtúa, ya que están resolviendo expedientes con fecha de registro del segundo semestre del año 2023, es decir, llevan año y medio de atraso. Situación similar se da en los expedientes de revisión de quienes ya la perciben y solicitan incremento de la cuantía. Existen por tanto, más de 7.000 expedientes pendientes de asignar y resolver por primera vez, y otro tanto para revisar.

•      Tras varias denuncias a la Inspección General de Trabajo y ésta recomendar medidas correctoras para mejorar las instalaciones del edificio donde están ubicadas la Dirección General de Protección a la Infancia y las Familias, y parte de la Dirección General de Discapacidad, esta Consejería no las ha implementado, así como en otras dependencias.

Por todo ello, se puede afirmar que existe un abandono constante por parte de los responsables políticos hacia las personas atendidas desde la Consejería, colectivos especialmente vulnerables y necesitados de atención y protección. Esta situación genera en los y las trabajadoras una sensación de desamparo, maltrato institucional, sobrecarga emocional y una presión adicional para intentar cumplir con su labor pese a la falta de recursos.

EXIGENCIA DE SOLUCIONES URGENTES

Ante esta alarmante realidad, tanto la ciudadanía como los profesionales del sector exigen una gestión más eficiente, transparente y comprometida por parte de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, con el fin de garantizar un servicio público de calidad y el respeto a los derechos laborales del personal. Para ello es fundamental contar con responsables que posean un verdadero don de liderazgo con capacidad para gestionar equipos con empatía, tomar decisiones eficaces y garantizar un clima laboral saludable, cuestiones claves para la correcta prestación de los servicios públicos.