El DERECHO A LA SALUD, un derecho fundamental que hemos conquistado, nuestros gobiernos siguen empeñados en asumirlo con un modelo obsoleto que gira en torno a la ENFERMEDAD.
Siguen sin aceptar la importancia indiscutible de la prevención como medida más eficaz y eficiente. Dotando adecuadamente nuestra Atención Primaria para que sea efectiva, a largo plazo se evitarían inversiones millonarias en tratamientos agresivos, en discapacidades secundarias y lo que es más importante, salvaría muchas vidas. Por contra, desgraciadamente salvar vidas no es rentable para algunos. Las empresas privadas buscan el beneficio económico que les generan los tratamientos específicos porque la prevención no da dinero.

En la última década, la sociedad canaria ha sido espectadora inmóvil del desmantelamiento de nuestra sanidad pública mediante concertaciones y privatizaciones de los servicios públicos porque el propio gobierno se ha encargado de desprestigiar y derrumbar unos derechos que costaron
muchos años de lucha, trabajo y avance social.

La falta de interés real de nuestra Consejería de Sanidad se hace palpable en las infinitas listas de espera, las más largas de todo el Estado cuyo objetivo es el descrédito premeditado de la Sanidad Pública, un primer paso esencial para conseguir un apoyo ciudadano a su privatización.
En Canarias, el menor nivel socioeconómico (peores salarios, pensión media más baja del Estado, estremecedores niveles de pobreza) unido a la cesta de la compra más cara, sobre todo en relación a los productos frescos, provoca que el 44% de nuestros niños padezcan sobrepeso, que la obesidad se haya disparado un 22% en la última década, o que una persona tenga hasta dos veces y media más posibilidades de morir de diabetes en Canarias que en Madrid, hay siete veces más diálisis renales en Canarias que en el País Vasco, así como muchas más amputaciones de piernas por diabetes y la tasa más alta de ceguera de España. La Organización Mundial de la Salud ubica a Canarias en el mapa como el lugar con mayor índice de obesidad mórbida de toda Europa.

El trabajo en Salud debe desarollarlo el conjunto de profesionales sanitarios, una plantilla que se ha visto mermada entre 2010-2016 en el Servicio Canario de la Salud debido a la reducción al 10% de la tasa de reposición del personal sanitario jubilado, lo que unido al aumento de la precariedad ha provocado una pérdida paulatina de calidad en nuestro sistema sanitario.

Ahora bien, todavía estamos a tiempo de salvar nuestra sanidad y decir bien alto que no vamos a ser cómplices de todas estas medidas que van en contra de nuestro derecho a la salud. Por eso hacemos un llamamiento a todos los ciudadanos y profesionales de la salud a movilizarnos en su defensa. No debemos permitir que la sanidad pública se convierta en un negocio a costa de la salud de todos y todas.

Esta situación demanda una respuesta unitaria de la ciudadanía, con la movilización de las personas a título individual junto a la participación de colectivos sociales, profesionales, asociaciones de enfermos y de familiares, organizaciones sindicales e instituciones. En pocas palabras, ante un deterioro nunca visto en la salud de la población canaria se requiere una respuesta contundente para que de forma urgente se aborden las siguientes medidas que proponemos:

1) Garantizar un Sistema Canario de Salud Público, Universal, Gratuito, con Equidad, de Calidad, con una financiación adecuada, y con gestión y provisión públicas.
2) Derogación del RD 16/2012, eliminando copagos y repagos, y de todas las leyes y normas que facilitan la privatización de la sanidad, particularmente de la Ley 15/97.
3) Revisión inmediata, bajo control público, de los conciertos con el sector privado y reducción paulatina del dinero dedicado a los mismos en beneficio del sistema público Salud.
4) Plan urgente de infraestructuras. Construcción y dotación inmediata de los Hospitales Comarcales. Mejora y dotación de los hospitales públicos y centros de salud, con especial énfasis en los servicios de urgencias hospitalarios, comarcales y normales de urgencias. También en Servicios de Urgencias Pediátricas comarcales.
5) Recuperación de los puestos de trabajo y acomodación a las necesidades reales de la población.
6) Planes estratégicos prioritarios para listas de espera, urgencias, salud mental, drogodependencias, rehabilitación, dependencia, con una perspectiva universal, inclusiva y no discriminatoria.
7) Canarias necesita una Ley de Salud Pública en la línea marcada por la Iniciativa Legislativa Popular Para la Defensa y Promoción de la Salud y la Sanidad Pública en Canarias, avalada por 25.000 firmas y que desde hace 6 años permanece en el Parlamento sin ser abordada.
8) Dar protagonismo a la Salud Pública y a la Atención Primaria, con los recursos adecuados, para reorientar el sistema, actualmente centrado en la enfermedad y su mediatización mercantilista. Sin olvidar la perspectiva medioambiental y de sostenibilidad. Coordinación entre la Atención Primaria, Hospitalaria y Sociosanitaria.
9) Dotación de centros socio-sanitarios y hospitales de crónicos, que deben estar correctamente coordinados con los servicios sanitarios, con los servicios sociales y con los dispositivos asistenciales municipales, para garantizar la continuidad de cuidados de pacientes crónicos, dependientes y personas con diversidad funcional.
10) Desarrollar el modelo futuro de atención a pacientes crónicos favoreciendo su atención en domicilio. Potenciar también la atención domiciliaria para niños y niñas con cáncer, así como en determinadas urgencias médicas y psiquiátricas.

En defensa del derecho universal a la salud y del sistema público de salud, ¡sigamos organizando Mareas Blancas a favor de la Salud y de la Sanidad Pública de Canarias, hasta lograr cambiar el modelo!
Gran Canaria, a 19 de mayo de 2018
Marea Blanca Gran Canaria