Tras iniciarse los primeros e improvisados desalojos de personas en las áreas próximas a la erupción volcánica ya advertíamos de la perentoria acción gubernamental para que, sin tardanza, instituciones y autoridades cubriesen las necesidades básicas de los damnificados.

Lamentablemente, nuestros temores eran más que fundados. Muchas han sido las visitas realizadas a La Palma por las representaciones institucionales del Estado (monarcas, presidente del Gobierno, ministros, directores generales etc.), y diríase que atendiendo a los hechos, las loas de solidaridad, los rostros compungidos y la retahíla de apoyo a los afectados expresadas por todos y cada uno de tan ilustrísimos visitantes, hasta hoy se ha traducido en una pasarela para copar titulares e imágenes en prensa y televisión, catapultándose en el sufrimiento colectivo para, además, hacer turismo volcánico a cuenta del contribuyente.

Salvo alguna acción trivial, ninguno de los compromisos públicos realizados por los gobiernos español y canario, ni en el tiempo ni en cuantía, se han traducido en hechos perceptibles, generalizándose así la impresión que a falta de que las instituciones públicas activen las medidas de protección a que vienen obligados, los damnificados son forzados a recurrir a la vergonzante caridad popular para poder malvivir ante tal suma de adversidades.

Mientras, los ladrones de las entidades bancarias, publicitan obscenas campañas de solidaridad con los afectados, a la par ponen en marcha toda su tramposa maquinaria jurídica para apropiarse, mediante el Consorcio de seguros, del importe de las viviendas hipotecadas y sepultadas por la lava. A cerca de tres meses de iniciarse la erupción, sobre los miles de desposeídos de los municipios de Los Llanos, El Paso y Tazacorte continúan recayendo injusticias y agravios tan o más dolientes que las ocasionadas por el propio volcán. j/b.