El servicio de Cirugía Pediátrica del Hospital de La Candelaria, en Tenerife, perdió la acreditación para impartir docencia después de que nueve facultativos del centro, entre ellos dos residentes, solicitaran la activación del protocolo de acoso por la conducta de su jefe.
Un año y medio después de solicitar la activación del protocolo de acoso laboral ante las “continuas y reiteradas amenazas, manipulaciones y vejaciones” que aseguran haber padecido por parte de su jefe de servicio, dos médicas residentes del Hospital de Nuestra Señora de La Candelaria, en la isla de Tenerife, se ven forzadas a abandonar Canarias y desplazarse hasta la Península para poder continuar formándose en la especialidad de Cirugía Pediátrica.
El jefe de estudios del centro les informó a principios de mayo de la necesidad de su “traslado inmediato” a un hospital de fuera de la comunidad autónoma después de que el Ministerio de Sanidad retirara la acreditación otorgada a esa unidad en 2009 para impartir docencia y formar residentes en la especialidad. La dirección del hospital y el Servicio Canario de Salud (SCS) habían solicitado la suspensión de esa acreditación hasta resolver los problemas generados a raíz de estos y anteriores conflictos internos y reestructurar el servicio.
Las residentes, R.H. y M.J.R., se sienten víctimas de “una broma pesada, de un boicot”. No entienden por qué tienen que “cargar con las consecuencias” de un problema que la gerente Natacha Sujanani “no se atreve a resolver”; por qué se tienen que marchar del lugar donde tienen su estructura familiar y afrontar las repercusiones económicas que ese traslado conlleva cuando son ellas las denunciantes de un presunto caso de acoso laboral mientras el jefe de servicio, M.A.G., con plaza fija en la administración sanitaria, conserva su puesto de trabajo “sin ningún tipo de sanción”. Una de ellas, R.H., ha sido madre recientemente. “De la noche a la mañana y tras denunciar una injusticia en el aspecto laboral y no docente, me dejan desarraigada y sola con mi hijo, a más de dos mil kilómetros de nuestro hogar”, sostiene la afectada, que se trasladará a la Península (probablemente a Barcelona) cuando concluya su permiso de maternidad.
Fue el 19 de noviembre de 2020 cuando las dos médicas residentes pidieron junto a su tutor, el adjunto E.P., que se activara el protocolo de acoso ante una situación que calificaban de “insostenible y desgastante”. En el año precedente, los otros seis adjuntos que conformaban el equipo médico de esta especialidad habían dimitido y abandonado el hospital tras denunciar comportamientos que, a su juicio, también eran susceptibles de ser considerados constitutivos de acoso laboral por parte de la misma persona.
En suma, fueron nueve los facultativos que elevaron escritos a la gerencia en un periodo de apenas quince meses contra el jefe de servicio. Todos menos la residente de primer año. Los primeros expedientes fueron archivados al no quedar acreditado que se hubiera producido el acoso, aunque las resoluciones sí constataban “una considerable situación de riesgo psicosocial”. En el caso de las residentes, se constituyó una comisión de investigación en abril de 2021. Un mes después, esta comisión devolvió las actuaciones a la gerencia del hospital tras advertir de que los hechos denunciados podían ser constitutivos de acoso por razón de sexo. Las afectadas han solicitado desde entonces en varias ocasiones la activación de medidas preventivas contempladas en el protocolo. La dirección de La Candelaria ha optado por no pronunciarse al respecto alegando que se trata de un expediente en curso, aún no resuelto.
Un servicio intervenido
A raíz de todos estos conflictos, la gerente Natacha Sujanani, decidió en diciembre de 2020 intervenir el servicio, suspender la actividad asistencial de esta especialidad en La Candelaria y derivarla al otro centro público de referencia de Tenerife, el Hospital Universitario de Canarias (HUC), que no tiene unidad docente acreditada en Cirugía Pediátrica y, por tanto, no puede formar a médicos especialistas. Ese mismo mes, y ante “la gravedad de la situación”, producto primero de la marcha de seis facultativos y la consecuente disminución de la actividad asistencial y, posteriormente, de la solicitud de activación del protocolo de acoso laboral por parte de los otros tres (las dos residentes y el tutor), la Comisión de Docencia inició el procedimiento para suspender la acreditación docente del servicio de Cirugía Pediátrica de La Candelaria.
También adoptó otra medida. Con la finalidad de “preservar la formación de las residentes”, que entonces se encontraban en su segundo y cuarto año de especialidad, aceleró los trámites para que hicieran rotaciones externas en “centros docentes de reconocido prestigio” fuera de la comunidad autónoma hasta mayo de 2021. Es decir, se aprobaba una estadía de cuatro meses en un hospital de la Península (el Sant Joan de Déu de Barcelona) para que pudieran continuar su periplo formativo mientras se trataba de recomponer el servicio. Los trámites para la desacreditación temporal de la unidad docente se iniciaron en ese lapso, en marzo.
A su regreso a La Candelaria tras esa rotación externa, el conflicto se agravó y la actividad quirúrgica se fue desplazando de manera paulatina hacia centros externos, según explican las afectadas, que relatan que incluso se les privó de la posibilidad de hacer guardias de 24 horas, ocasionándoles con ello un perjuicio “formativo y económico”. Fue en marzo, a raíz de una solicitud cursada por una de las residentes, cuando la dirección del hospital les informó del estado del expediente abierto tras la activación del protocolo, esto es, de que se había constituido una comisión de investigación que había devuelto las actuaciones a la gerencia tras apreciar que los hechos podían ser constitutivos de acoso por razón de sexo.
Denuncias por acoso
En los escritos presentados por las dos residentes de Cirugía Pediátrica en noviembre de 2020 se describe al jefe de servicio como una persona que “trata de instaurar miedo” en sus subordinados, amenazándoles con abrirles expedientes disciplinarios o culpándoles públicamente, ante sus compañeros y familiares, de “complicaciones inexistentes”. Siempre según la versión contenida en las denuncias de las afectadas, durante su periodo formativo se han escuchado frases como “está demasiado independiente, la vamos a dejar sin operar un tiempo”, “está demasiado subidita últimamente, no va a ir al congreso”, “está opinando mucho y no me está gustando” o “no tiene ni puta idea”. El detonante se produjo en noviembre de 2020, cuando las residentes no pudieron acceder a su despacho porque se habían cambiado las cerraduras, privándoles con ello hasta de usar el teléfono y la impresora, “imprescindible en el día a día”, subrayan las médicas en formación en escritos donde relatan episodios concretos en un ambiente “desgastador, hostil y humillante”.
