El gobierno canario (PSOE-Podemos-NC), acaba el año como lo inició: con el desprecio a los trabajadores del sistema sanitario público. Poco dudaron los aplausos y las lisonjas hipócritas en forma de calificativos tales como “héroes” ante el esfuerzo humano realizado frente a la pandemia del coronavirus. Antes, fue la promesa incumplida de la potenciación de la Sanidad pública, ahora, otra cachetada burlando las expectativas de la consolidación de empleo de los trabajadores temporales que afecta a cerca de la mitad de la plantilla del Servicio Canario de Salud, imponiéndoles un concurso oposición que frustra la continuidad en el empleo en todos los grupos profesionales.

Trabajadores estos a los que, además de impedírseles la opción del concurso de méritos para estabilizar su trabajo, provocará el efecto doblemente perverso de despojar al sistema público del inmenso legado que supone la experiencia profesional acumulada de médicos, auxiliares, enfermeros, administrativos, etc., que con muchas probabilidades pueden, incluso, perder su plaza para ser ocupada por inexpertos y desarraigados profesionales de cualquiera de las comunidades españolas.

Esto vuelve a ocurrir en el País Canario, con un mayor nivel de desempleo y el menor número de profesionales en relación con la población asistida, pero además, con una Oferta de Empleo varios años atrasada y, cuantitativamente, muy por debajo de las necesidades que demanda nuestra sanidad. Como conclusión, para esta política antisocial que castiga a trabajadores y usuarios no era necesario el actual pacto de gobierno encabezado por el PSOE, ya teníamos al  anterior ejecutivo de Coalición Canaria, ahorrándonos además una visita innecesaria a las urnas.