Por un pacto social de la Sanidad Pública en Canarias
La fragilidad de la situación política y económica de Canarias está poniendo en jaque al sistema sanitario público que todos sostenemos, independientemente de nuestra ideología y procedencia. La población canaria viene sufriendo, desde que empezaron los recortes en los servicios públicos esenciales, un deterioro en la calidad y la cobertura de sus prestaciones de dimensiones nunca vistas.
Se han disparado la desigualdad social y el deterioro de las condiciones laborales y familiares que llevan a la población a la desesperación y a la violencia ante el temor de quedar excluida de un sistema protector del que depende en no pocas ocasiones su vida. Y todo ello en un marco de falta de diálogo y consenso político.
En la Sanidad pública se registra una clara masificación de las consultas -por, entre otros factores, la reducción de profesionales- que conduce a una reducción mayor aún del tiempo que el médico le dedica a cada enfermo. El resultado es la frustración del paciente, una mayor derivación a los servicios de urgencias que se sobrecargan y pierden calidad; más consultas a especialistas y más pruebas diagnósticas muchas veces innecesarias, a lo que se añaden unos criterios gerenciales verticales y muy poco participativos. Todo ello produce un aumento intolerable de las listas de espera y un sobrecoste que hace peligrar nuestro envidiado sistema de atención sanitaria universal. Por otro lado, el estrés social, derivado de la frustración y amenaza que sufre la población, ha alcanzado límites alarmantes que no se ve atendido por la falta de rumbo de una Reforma Psiquiátrica que ahora a pesar de aprobarse su transformación en la realización Plan de Salud Mental, ahora no se rebaja a una recomendación, desvirtuando los acuerdos. Las Conferencias Insulares de Salud desarrolladas entre profesionales y ciudadanos, ante lo precario de la situación actual, propusieron abandonar determinadas actividades ineficientes en pro de otras claramente más necesarias y factibles. Ha sido predicar en el desierto.
Si se quiere que a medio plazo superviva el sistema, el insoportable aumento de la demanda sanitaria ha de ser frenado con la potenciación de los programas de promoción de la salud y prevención, en coordinación interinstitucional e intersectorial. Hay que aplicar herramientas que ya se conocen y buscar recursos para ello: el gasto inicial se verá compensado por un ahorro multiplicado por diez a medio plazo. De lo contrario, estamos convencidos de que no sobrevivirá el modelo que tanto nos beneficia. Es, sin eufemismos, una cuestión de vida o muerte.
Por si fuera poco, este marasmo sanitario está manejado por unas gerencias verticales y poco participativas, poniendo de manifiesto el retroceso que se está produciendo en la capacidad de respuesta a las demandas y necesidades de la población.
Nuestro servicio público de salud está sufriendo la aplicación de los mandamientos del sistema neoliberal que preside la mayoría de los países de Occidente: la canibalización agresiva por parte de la medicina privada: se produce una progresiva subfinanciación y descapitalización de la sanidad; las compañías aseguradoras privadas invaden el mercado con sus ofertas de pólizas de enfermedad; se externalizan servicios; se derivan pacientes a la prestación privada concertada sin auditoría externa alguna. Y a todo esto, sin que se haya aprovechado al máximo la capacidad instalada de los hospitales públicos y la falta de verdadera voluntad política y de capacidad para corregir los problemas de fondo de áreas especialmente sensibles -como los servicios de urgencia y las listas de espera- que tanto desprestigian a la Sanidad Pública.
Contemplamos este escenario con angustiada impotencia, siendo testigos de la incapacidad de los sucesivos gobiernos para salirse de la inercia de la gestión rutinaria -para librarse del “piloto automático”- e introducir las medidas que reorienten al Sistema Canario de Salud hacia los principios de universalidad, financiación suficiente, participación, eficiencia y humanidad. La indignación y sufrimiento de la ciudadanía por esta incompetencia son palmarios. Porque, entre otras cuestiones, los problemas actuales de la salud y asistenciales son enfrentados con medidas puntuales, agitadas en las confrontaciones electorales por unos y otros, que no van al fondo de las causas que los originan.
Por estos motivos es imprescindible avanzar en la gobernanza democrática del sistema canario de salud propiciando un compromiso entre ciudadanos e instituciones en un pacto social para la defensa y sostenibilidad de la Sanidad Pública en Canarias. El recientemente aprobado Plan de Salud de Canarias (2016) y la Iniciativa Legislativa Popular por la salud y defensa del sistema sanitario público, refrendada por más de 25.000 firmas y presentada en el Parlamento de Canarias en el año 2010, serían una magnífica base para alcanzar estos ansiados objetivos.
Proponemos la creación de una comisión formada por las diferentes organizaciones y fuerzas sociales, políticas, profesionales e institucionales para el seguimiento y activación del Pacto.
Por José J. O’shanahan; Francisco Rodriguez; Jorge Bethencourt; Araceli de Armas; Roman García ; Benito Maceira; y José Luís López
