Tras el éxito obtenido en la gran manifestación del sábado 15 octubre en Madrid , con la participación de más de 50 mil pensionistas y trabajadores y trabajadoras y estudiantes, los poderes económicos y sus representantes de la banca y la política se han lanzado a la ofensiva con la intención de que la movilización no continúe, introduciendo elementos de catastrofismo en el debate mediático, anunciando una vez más, la calamidad social en el supuesto de que las reivindicaciones del movimiento pensionista sean tenidas en cuenta. Anuncian como un mantra, que de no recortarse y toparse salarios y pensiones, ello provocara la agudización de la crisis.

No hablan del aumento del gasto militar derivado de una crisis bélica, que nada han hecho para evitar ni reconducir, tampoco la Unión Europea, ni el gobierno. Por el contrario, el gobierno se ha metido en este momento en un conflicto con Argelia, renunciando a la defensa del Sahara, ahora bajo presión de los EEUU.

No hablan del compromiso en endeudarse con la financiación de los fondos next generation destinados a las grandes empresas europeas, que va aumentar la enorme deuda pública que ya se multiplico por el rescate bancario de la crisis anterior.

No hablan de que las recetas hacia la privatización de las pensiones públicas que quieren introducir a través de la negociación colectiva, como se está demostrando en distintos países europeos, son un fracaso, porque ceden a los fondos buitres un salario diferido que jamás se recuperará y además suponen descapitalizar el modelo público de reparto, causando un grave daño a la Seguridad Social

Culpabilizan una vez más al colectivo pensionista y a los trabajadores y trabajadoras, la mayoría de este país y del conjunto de Europa de sus crisis, intentando aplicar políticas de ajustes y de recortes de derechos y libertades públicas a la mayoría, al tiempo que sus beneficios económicos y políticos se disparan de manera grosera en las grandes corporaciones del IBEX35.

EL Gobierno debe tener en cuenta nuestras demandas. Los recortes y las reformas en el SPP, deben ser revocados. Mantener la pérdida del poder adquisitivo de pensiones públicas y salarios, contribuye a la paralización económica y a que la mayoría de la ciudadanía cargue con los efectos de las crisis que no hemos provocado. Exigimos la subida de pensiones con IPC real, cerrar la brecha de género, aumentar las pensiones mínimas y no contribuyas a niveles del salario mínimo, aproximándolas a la media europea que les permita una vida digna. Exigiremos y lucharemos por la defensa de un escudo social de mínimos, tal como establece la Carta Social Europea, que evite la exclusión social de las personas que están por debajo del nivel de pobreza, sobre todo mujeres y pensiones no contributivas en situación de pobreza severa.

La auditoría pública acordada en el parlamento, a través de la ley, debe ser realizada con todas las garantías. Es una demanda y exigencia legal y democrática, su resultado permitiría conocer las cuantías desviadas a gastos impropios, y así exigir su reposición en la caja de la Seguridad social.

Debido a esta situación, nuestra acción unitaria inmediata, será la entrega de las miles de firmas a los grupos parlamentarios junto con una carta conminándolos a dialogar con nosotros y avanzar en el debate presupuestario hacia estos objetivos,. Queremos luces y taquigráficos ante una cuestión que nos afecta directamente, y que no puede resolverse de espaldas a la ciudadanía

En este escenario COESPE con el conjunto del movimiento pensionista va a proseguir la movilización y la información con una acción en todos los pueblos del estado el DÍA 19 DE NOVIEMBRE, que será la continuidad de este 15 octubre. En el proceso de su convocatoria invitaremos y estableceremos alianzas con todas las organizaciones sociales y sindicales de la sociedad que compartan estos objetivos para conseguir una nueva y más extensa jornada de protesta en defensa de los derechos y servicios públicos. En ella vamos a seguir exigiendo desde cada una de nuestras plataformas a los poderes públicos medidas que protejan a la mayoría, una distribución equitativa de la riqueza a través de acciones políticas y fiscales que garanticen el estado social y de derecho, y que den contenido a la democracia y a las aspiraciones de la mayoría de la población.

Gobierne quien gobierne los derechos y las pensiones públicas se defienden.  

Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (COESPE)