La nueva paralización de las obras del hospital Comarcal del Sur, en esta ocasión por desavenencias económicas de la empresa constructora con la Administración, supone el vergonzante vigésimo episodio en la obstaculización del acabado de un recurso sanitario vital para los más de 200.000 habitantes del área de referencia. Todos y cada uno de los retrasos, han tenido como responsable, por acción u omisión, al gobierno canario, quien reiterando en su conocida y errática gestión de lo público, ha acumulado en el proceso de construcción del este importante recurso sanitario, improvisaciones, rectificaciones diversas en la cartera de servicios y especialidades, desavenencias con el Cabildo, incumplimiento de pago a otras empresas, y hasta grave errores en el proceso de construcción por la nula o escasa inspección técnica sobre las empresas adjudicatarias de las obras. También en el caso de la actual paralización, Intersindical Canaria considera que, por negligencia, la responsabilidad principal recae en el gobierno ya que resulta incomprensible la adjudicación de las obras a una empresa ya conocida de antemano como insolvente en sus compromisos con el sector público, y proclive a la utilización de la picaresca para hacerse con los concursos, reduciendo al límite la petición de presupuesto para la obra y luego, con la suspensión de actividades, presionar para recibir más dinero. De tal forma y con los precedentes existentes, la administración venía obligada a establecer cláusulas cautelares que obligasen a Sacyr, a cumplir con el acabado de la tercera fase del edifico hospitalario. Contrariamente a lo afirmado por el Consejero de Sanidad, Jesús Morera, la empresa adjudicataria debe ser obligada a la conclusión de la obra con el presupuesto inicialmente aceptado, puesto que iniciar un nuevo proceso de adjudicación llevaría consigo retrasar de nuevo sine die la conclusión de las infraestructura.
Para Intersindical Canaria, resulta extremadamente sospechosa la reiteración de incidencias habidas en el proceso de construcción del Hospital del Sur lo que ha motivado un retraso de más de 20 años en su finalización, situación de quién, objetivamente, el único y directo beneficiario es el sector privado dedicado a la asistencia sanitaria. Esta, como se sabe, continúa recibiendo año tras año del gobierno canario inyecciones de dinero público que, desde cualquier punto de vista, supone un dispendio al contribuyente al ser actividades que, a menos coste, tendría que estar desarrollada por la sanidad pública. En las actuales circunstancias de fuertes recortes a la financiación de las actividades asistenciales, la paralización del Hospital del Sur, supone un claro acto de sabotaje al conjunto de la sanidad pública de la isla de Tenerife, merecedora de ser llevada a los tribunales de justicia.
