El grupo de Gobierno conformado por PSOE, Podemos, Nueva Canarias y ASG, perpetua y mantiene las mismas políticas de privatización de la sanidad pública a las que nos tenía acostumbrados Coalición Canaria.

La última de las atrocidades ha sido la de publicar una instrucción firmada por el Director del Servicio Canario de Salud por la que se establece el procedimiento a seguir  para la solicitud, tramitación y gestión de la prestación sanitaria al paciente con daño cerebral adquirido, incluyendo hasta el proceso de hospitalización, lo que consideramos una aberración y despilfarro de dinero público.

A nadie se le esconde que el reparto del pastel de la rehabilitación funcional en el mundo privado deja mucho dinero, y no deja de ser curioso que esta maniobra justo aflora en el momento en el que los profesionales del sector público empezaban a ver, tras años de lucha, reforzados sus servicios e incluso se comenzaban a proyectar planes estratégicos de mejora de la atención sanitaria en este ámbito.

No hay que olvidar que la lista de espera de los servicios de rehabilitación públicos no ha parado de crecer gracias a la pésima gestión y al poco interés que ha existido por los distintos Gobiernos de invertir en esta área, lo que resulta imprescindible para dar un buen servicio sanitario. Mientras los recursos públicos son escasos, manteniendo infradotadas nuestras infraestructuras en horarios como los de tarde o festivos, la empresa privada ofrece asistencia a todas horas del día, sin que además existan inspecciones y control eficaz sobre la calidad de los servicios que ofertan.

Si en algo se han caracterizado los servicios sanitarios de rehabilitación en el ámbito público es por la carencia de profesionales, y la falta de organización efectiva de los recursos existentes, porque lo que ha interesado durante décadas es generar lista de espera para seguir concertando con empresas privadas que han crecido gracias a ello. Sin duda una nueva forma de generar negocio para los mismos de siempre: un sistema perverso, que coloca el interés económico por encima del interés  del paciente.

Resulta inadmisible que las viejas y sucias prácticas sean mantenidas por un gobierno que se hace llamar de izquierdas y progresista, que ha criticado mientras estaba en la oposición este tipo de prácticas, y que se han comprometido a revertir las privatizaciones, sin que ni siquiera se sonrojen con ello. Al fin y al cabo, se veía venir desde que pusieron al frente del Servicio Canario de Salud al mismo director que tenía el anterior consejero de sanidad, quien mantenía claros vínculos con la empresa privada. No nos equivocábamos cuando decíamos aquello de “pusieron al lobo a cuidar a las ovejas”, y ahora tampoco al afirmar que da igual el color político y lo que se defienda en la oposición, al final se trata “del mismo perro con distinto collar”.

Se hace más necesario que nunca que la ciudadanía despierte del letargo en el que se encuentra, y asuma que o nos movemos o no habrá otra opción más que la de asumir  que el interés político y económico de unos pocos, esté por encima de nuestra salud.

Federación de salud Intersindical Canaria