Conviene recordar cuál ha sido la trayectoria de los aparcamientos del Hospital Universitario de Canarias (Tenerife). Con la total oposición de los trabajadores, por aquel entonces, el Cabildo de Tenerife, y luego, el Servicio Canario de Salud, da la concesión administrativa durante cuarenta años de un suelo público que hasta entonces utilizábamos como aparcamiento, a una empresa regentada por el empresario Plasencia para la construcción y explotación de un negocio donde, con la connivencia de la administración, se cobraba a los trabajadores por venir a desarrollar sus actividades, con un número limitado a 400 plazas en el aparcamiento central y 300 en el parking de la multa. Por otro lado, a los pacientes y usuarios se les cobran unos precios desorbitados por recibir la atención sanitaria.

Esta situación, fue objeto de denuncia y se ganó una sentencia que establecía la gratuidad para los trabajadores. En el año 2012, dentro del duro paquete de medidas de recorte, el gobierno dejó sin efecto, entre otros muchos derechos laborales, la gratuidad del aparcamiento.

Con motivo de la Pandemia de Covid-19 y el Estado de Alarma, Intersindical Canaria solicita nuevamente la gratuidad de los aparcamientos para los trabajadores, que se mantiene unos meses. En ese momento, la empresa adjudicataria pone a disposición 150 plazas más, que se mantienen tras la suspensión de la gratuidad en el año 2020, hasta este mes de julio, y por las que perciben la aportación correspondiente de los trabajadores.

Empieza el nuevo mercadeo. Los Plasencias chantajean al Servicio Canario de Salud, cerrando, en el mes de julio, 150 plazas de aparcamiento, en un intento de, utilizando como escudo a los trabajadores y presionándolos para que utilicen otras fórmulas más costosas, ampliar la concesión, sin importarle los efectos negativos en la actividad asistencial ni el tiempo perdido en las colas.

Desde Intersindical Canaria afirmamos que la solución no es seguir derramando dinero público, sino retirar la concesión y pasar a gestión pública los aparcamientos del Hospital Universitario de Canarias, asignando un número adecuado de plazas gratuitas a los trabajadores como derecho laboral y a los pacientes como derecho asistencial, eliminando lo que, realmente, supone un copago de un servicio público. 

Es ya hora de que el Gobierno pase a defender los intereses de los trabajadores y usuarios, del HUC y la sanidad pública, dejando de ser cómplice del enriquecimiento con dinero público de empresarios sin escrúpulos.  

 4 de agosto de 2022